La deforestación es uno de los grandes problemas medioambientales globales. Según la organización ecologista WWF, si no se toman medidas, desde hoy hasta 2050 se perderán 2,3 millones de kilómetros cuadrados de bosque, una superficie superior a la de México. Pero cada vez hay más iniciativas que abogan por un uso sostenible de los bosques, capaz de reducir e incluso revertir esta tendencia. Y cada vez más consumidores tienen en cuenta estas iniciativas a la hora de comprar muebles y suelos de madera.

Un bosque vivo es un recurso natural de valor incalculable. Su principal importancia medioambiental es su capacidad de retener dióxido de carbono —el principal gas de efecto invernadero— y expulsar oxígeno. Según la NASA, un 45% del carbono de la superficie terrestre está contenido en los bosques del mundo. Además, los bosques contribuyen a evitar la desertización —un problema en ascenso, especialmente en España— y son puntos calientes de biodiversidad.

Pero para mantener un bosque vivo, en la mayor parte del mundo, hace falta la ayuda de los que viven en y de él. “Si el bosque no le sirve a sus propietarios para poder vivir, acabarán deforestándolo para otros usos”, advierte Gustavo Anguita, director ejecutivo del Consejo de Gestión Forestal (FSC, en sus siglas en inglés), una de las dos grandes organizaciones de certificación forestal. La crisis, afirma, ha hecho caer la importación de maderas tropicales en Europa, por lo que entre las comunidades madereras aumenta la tentación de talar el bosque y dedicarlo a cultivos. “Hay que consumir madera”, apunta, “pero hay que hacerlo de forma responsable”.

“En principio cualquier mueble de madera es de origen sostenible por sí mismo, pues de lo contrario no podría estar en el mercado europeo”, apunta Manuel Carrillo, director del Instituto Técnico del Mueble y la Madera (Aidima). En 2013, entró en vigor el Reglamento Europeo de la Madera, que prohíbe la venta de madera “aprovechada ilegalmente” y obliga a los fabricantes y vendedores a ser “debidamente diligentes” para asegurarse de que lo que compran no procede de explotaciones ilegales. Pero alerta: “aún falta legislación que sancione a los que incumplan la ley”.